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Organizaciones feministas y populares de Honduras exigen justicia para Keyla y retiro de cargos a jóvenes procesados

PRONUNCIAMIENTO UNIFICADO DE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y POPULARES DE HONDURAS

HONDURAS. El pasado 7 de febrero la estudiante de enfermería KEYLA PATRICIA MARTINEZ fue asesinada por estrangulamiento en una celda policial en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, tras ser detenida por infringir el Toque de Queda impuesto por la narco dictadura de Juan Orlando Hernández.

Esta es la conclusión de la autopsia de medicina forense del Ministerio Publico. La evidencia científica es tan contundente que echa por tierra las fantasiosas alegaciones de la cúpula policial de que la joven se “suicido”, así como el manoseo de la verdad que trata de hacer el médico que la acompañaba.

El caso está listo y servido para que, si hubiera justicia en este pais, haya una sentencia condenatoria por asesinato no solo de los autores materiales del hecho sino de toda la cadena de mando que los encubrieron.

Este crimen sucede en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales a la libertad personal, de locomoción, asociación, reunión y a no ser arrestado sin ser presentado a los tribunales, impuesta por decreto ejecutivo PCM-012-2021, que con el pretexto del COVID-19 ha convertido a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en amos y señores de las calles.

Lo paradójico es que al amparo de un decreto elaborado supuestamente para proteger la vida de la ciudadanía, esa misma ciudadanía pierde sus derechos y hasta la vida misma, víctima del abuso, la brutalidad y la criminalidad uniformada de policías y militares, como lo muestra el caso de la joven Keyla y muchos otros.

En este sentido, pocas veces ha habido un ejemplo más claro de como la medicina resulta peor que la enfermedad.Lo anterior significa que las causas que llevaron a la muerte a Keyla no se limitan al problema del Toque de queda y al régimen político autoritario que nos oprime, aunque este sin duda lo agrava. Hay una epidemia aún más mortal que el COVID-19 que son los crímenes de odio, presente tanto en las calles como en los hogares; y estos no afectan solo a las mujeres.

Este tipo de violencia trata de sojuzgar o sino de anular o aniquilar a toda persona que no sea del género o de la preferencia sexual de los machos predominantes. Se basa en un sistema de creencias y practicas culturalmente impuestas en la sociedad, llamada Patriarcado, que minimiza la condición humana de la mujer, reduciéndola a objeto sexual, servidora del hombre, minusválida mental o débil emocional; como también muestra desprecio hacia quienes optan por otra preferencia sexual, como ocurre a los miembros de la comunidad LGBTI.

De hecho, ante estos crímenes la misma legislación penal no es inocente; está contaminada de los prejuicios patriarcales, como ocurre con el recién aprobado Código Penal, en el cual fueron reducidas las penas sobre delitos sexuales contra mujeres, niñas y niños, favoreciendo la impunidad y propiciando un ambiente de puertas abiertas para que, como los asesinos de Keyla, queden en libertad de volver a asesinar.

Por eso, puede decirse que la tolerancia a los crímenes de odio es ya una politica de Estado. En tal sentido, el Estado de Honduras además de clasista tiene también un carácter patriarcal.El patriarcado hace una combinación aún más letal con el capitalismo neoliberal porque así como el capitalismo este despoja de sus derechos a los trabajadores y a las comunidades que arrasa, así también el patriarcado despoja a la mujer de sus derechos sociales y hasta de los derechos sobre su propio cuerpo, convirtiéndolo en terreno de posesión y violación.

De manera similar, autoridades policiales y militares con mentalidad patriarcal perpetran crímenes contra miembros de la comunidad LGBTI que son asesinados atrozmente (solo entre 2009 y 2019 se le quito la vida a 325 miembros de esta comunidad).Por eso, ante los casos de femicidios y otros crímenes de odio prevalece la impunidad en el llamado “sistema de justicia”, y no es casual.

Es el resultado de complicidades tejidas desde los perpetradores de los crímenes hasta los llamados operadores de justicia que les encubren. Tan es así que parece ser politica de estado encubrir el exterminio de mujeres, miembros de la comunidad LGBTI y de otros grupos sociales que odian.

¡Todo un pacto patriarcal de impunidad!

Una muestra de cómo abusadores y autoridades se coluden para encubrirse es el hecho de que cinco jovenes que exigían que se haga justicia a Keyla en un plantón pacifico en el parque central de Tegucigalpa el 11 de febrero, fueron arrestado y sin mayor dilación fueron puestos a la orden de los tribunales, bajo cargos de “daños, incendio y manifestación ilícita”, contrario a los policías asesinos de Keyla que fueron inmediatamente protegidos por sus superiores.

Es la Honduras donde hay dos justicias, una para las víctimas y otra para los verdugos.En ese sentido el machismo brutal que oprime a la mujer en el hogar alcanza su clímax en un Estado policial militar dictatorial que conculca nuestras libertades públicas y que se ensaña contra mujeres y jovenes en las prisiones, siendo los cuerpos represivos del Estado sus instrumentos de violencia y muerte.

Por lo anterior, como sociedad organizada nos manifestamos con un sentimiento de hartazgo ante tanta violencia contra la mujer, la comunidad LGBTI y la juventud, exigiendo a las fuerzas del orden público, basta ya de sumar más casos de muerte y cumplan con su deber de defender la vida.

Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes exigimos:

Al Ministerio Público:

Acuse criminalmente solicitando la pena máxima a los asesinos de la estudiante Keyla Patricia Martínez, tanto a los autores materiales como a la cadena de mando que trato de ocultar el crimen.

Que retire los cargos presentados contra los ciudadanos Eduardo José Molina, Christopher Flores, Alex Mauricio Laguna Banegas, Joel Edgardo Rojas y Josué Rafael Fonseca Rojas detenidos por exigir justicia en el caso de Keyla Martínez.

Presente en el plazo de un mes requerimientos fiscales contra todos los casos que han demandado las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y de derechos humanos en general, priorizando aquellos en los cuales estan involucradas autoridades policiales y militares.

A la Corte de Justicia:

Condene con la mayor pena aplicable a los policías asesinos de Keyla

Se abstenga de conocer el caso de los estudiantes detenidos que exigían justicia para KeylaAl Congreso Nacional

Derogue los decretos ejecutivos que suspenden las garantías constitucionales emitidas por el usurpador del Poder Ejecutivo.

Constituya un Comité de Emergencia sobre la pandemia del COVID-19 integrado por los principales colegios profesionales, que tome las decisiones para proteger la vida de la población.

Apruebe un decreto para desmantelar la actual policía nacional y se organice una nueva policía nacional

Demande el retorno de los militares a sus cuarteles y se derogue el decreto que creo al Policía Militar y del Orden Publico

Al que usurpa la Presidencia:

Le exigimos que deje el cargo de inmediato para que no siga causando más daño a nuestro pais con sus imposiciones dictatoriales.Por las Keyla que mueren todos los días juramos continuar la lucha por que se les haga justicia.

Dado a los doce días del mes de febrero de 2021

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

Plataforma 25 de noviembre

Movimiento Estudiantil Universitario

Movimiento Estudiantil de la Musa Olvidada

Mujeres Socialistas

Colectiva de Mujeres Socialistas Dolores Caballero

“Las Lolas” Ecuménicas por el Derecho a Decidir

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras

Convergencia contra el Continuismo de Francisco Morazán

Diálogo Ampliado del Movimiento popular

Vía Campesina

Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras

Movimiento JOH, Vete Ya

Movimiento Indignado

HN Resurge

Centro de Desarrollo Humano

Derechos Humanos Sin Fronteras

Acción Ecuménica por los Derechos

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