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El golpe militar en Myanmar demuestra que la conciliación con dictadores y genocidas no es posible

Por Movimiento Revolucionário Socialista y Hugo Cedeño

Myanmar, un país del sudeste asiático, se llamó Birmania hasta 1989 y se independizó en 1948, en el proceso de desmantelamiento del Imperio Británico tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Un año antes, en la misma región, India y Pakistán también se habían independizado y el anticolonialismo se estaba multiplicando en todo el mundo.

Como una forma de frenar las pretensiones de la clase trabajadora, que se fortaleció con la expulsión del dominio colonial y también exigió democracia, derechos sociales y poder popular (y que llevó a revoluciones victoriosas, como la china en 1949), las burguesías locales intentaron imponer dictaduras colaboracionistas con el imperialismo, gestionando la independencia parcial y manteniendo la falta de libertad y explotación contra la mayoría de las poblaciones.

En Myanmar, la dictadura se implementó en 1962 y duró hasta 2011, durante casi 50 años. Luego de una profunda crisis en el régimen militar, la democracia burguesa se reinició hace 10 años, pero siempre bajo la fuerte influencia de las Fuerzas Armadas, que mantenían el control de las grandes empresas; el derecho a nombrar ministros; una fortuna intacta; y control del ejército, la aeronáutica y la marina sin prestar cuentas a los gobiernos civiles.

Ahora, ante el debilitamiento del gobierno civil, el ejército de Myanmar derrocó al gobierno electo del país el 1 de febrero, arrestó a líderes políticos, cerró el acceso a Internet y suspendió los vuelos al país. Otro ejemplo en la historia, entre muchos, que deja claro que no hay conciliación posible con dictadores, criminales contra los derechos humanos y enemigos de los trabajadores y la libertad de los pueblos.

Un golpe para imponer la explotación capitalista de forma más directa, sin resistencia de la burguesía y del régimen democrático burgués.

Los militares entregaron el liderazgo del nuevo gobierno al actual jefe del ejército, el general Aung Hlaing, que debía retirarse en los próximos meses como jubilado. El general controla grandes empresas, que se han beneficiado durante décadas con dinero público e influencia estatal. La democracia burguesa recientemente derrocada compartía poder y riqueza con los militares, y Hlaing presidía dos conglomerados empresariales y podía nominar tres puestos clave en el ministerio del gobierno civil, controlando la policía y la guardia fronteriza.

Los militares nunca dejaron de gobernar, pasando del control directo y dictatorial en 2011 al control conjunto con el gobierno civil desde entonces. En la última década, incluso han continuado masacrando a minorías étnicas como los rohingya, los shan y los kokang.

Al darse cuenta de que la democracia burguesa, que había inspirado fuertes esperanzas e ilusiones durante 10 años, había sido desmoralizada por los gobiernos capitalistas y caminava junto con la estructura dictatorial, se sintieron dispuestos a retomar la dictadura, evitando cambios que el pueblo pudiera imponer al gobierno civil, tras las elecciones celebradas en noviembre de 2020.

Así, llevaron a cabo un golpe, que fue lamentado por políticos y parte de la burguesía, pero que no fue combatido por ninguno de estos sectores. En la práctica, la burguesía solo quiere continuar con su negocio y derrotar las luchas de los trabajadores. El gobierno civil depuesto y los militares golpistas luchan por el control de quién liderará los ataques contra la mayoría de la población. Son enemigos circunstanciales, pero aliados estratégicos de clase en la lucha contra los trabajadores.

Los militares bloquearon las carreteras alrededor de la capital con tropas, camiones y vehículos blindados, mientras helicópteros militares sobrevolaban la ciudad e interrumpían la señal de Internet y telefonía móvil en todo el país. Tomaron el control de la infraestructura del país, suspendieron transmisiones de televisión, cancelaron vuelos nacionales e internacionales y detuvieron a miembros del NDL (partido principal del país) y líderes civiles de Myanmar (incluido la líder Aung San Suu Kyi y el presidente, U Win Myint), junto con ministros, gobernadores regionales, políticos de oposición, escritores y activistas.

El golpe fue anunciado, sin mayores conflictos, en un canal de televisión que pertenece a los militares. Un presentador citó la Constitución de 2008, que permite a los militares declarar una emergencia nacional y el estado de emergencia permanecerá en vigor durante un año.

Aung San Suu Kyi: de líder de la oposición a genocidio y prisionera

Suu Kyi es la hija del líder de la independencia de Myanmar, el general Aung San, asesinado cuando ella tenía solo dos años. Después de períodos viviendo en India, Japón, Bután e Inglaterra, regresó a su país natal en 1988, cuando manifestaciones masivas sacudieron la dictadura y expresaron un ascenso revolucionario que también se estaba extendiendo por Asia y el mundo. En 1989, el muro de Berlín caería y habría manifestaciones gigantescas en China, que culminaron en la Masacre de la Plaza Tiananmen. La entonces Birmania estaba estrechamente vinculada a China y las calles del país rezumaban combates cuando Suu Kyi regresó al país.

Miles de estudiantes, trabajadores y monjes salieron a las calles para pedir reformas democráticas. Y Suu Kyi fue elevada rápidamente al rango de líder de una revuelta contra el entonces dictador general Ne Win. Intentando derrotar a los sectores más combativos de las luchas, creó una campaña centrada casi exclusivamente en la lucha por los derechos civiles, intentando convertirse en una versión birmana de Martin Luther King (EE.UU.) o Mahatma Gandhi (India). Organizó mítines y viajó por todo el país, pidiendo una reforma democrática pacífica y elecciones libres. Pero las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por el ejército, que cerró aún más el régimen con un golpe de Estado el 18 de septiembre de 1988.

El gobierno militar convocó elecciones nacionales en 1990 y el partido de Suu Kyi ganó las elecciones, a pesar de que estaba bajo arresto domiciliario y se le impidió participar en la votación. Pero la junta se negó a entregar el poder, dejando a Suu Kyi encarcelada entre 1989 y 1995. Durante el período que estuvo encarcelada, negoció el fin de las manifestaciones con el gobierno militar a cambio de su liberación. La líder sería arrestada nuevamente por la dictadura más tarde, y estuvo detenida durante 15 años en total. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991, cuando estaba bajo arresto domiciliario, y fue liberada otra vez en 2010, convirtiéndose en la mayor líder civil en el proceso que desencadenó la caída de la dictadura en 2011. Pero, nuevamente libre y ahora como la principal dirigencia del nuevo gobierno civil, volvió a mantener a los militares con una enorme cantidad de poderes.

Desde entonces, Aung San Suu Kyi ha sido, en la práctica, la líder del país. Oficialmente, su cargo es el de presidenta de la NLD, el partido mayoritario, que gobernó hasta el 1 de febrero. El NDL y Suu Kyi, sin embargo, gobernaron en total alianza con los militares de la dictadura que había terminado.

En 2015, con la victoria de su partido en las elecciones generales, se hizo aún más poderosa, ocupando los cargos de Consejera de Estado 1ª y canciller de Gobierno. Durante los últimos cinco años, Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia (NLD) han gobernado, pero la constitución del país ha mantenido una cuarta parte de todos los diputados del parlamento y el control de los ministerios más poderosos del país en manos de los militares, y Suu Kyi no hizo nada contra eso.

Al contrario: encabezó la represión armada de la minoría étnica musulmana rohingya, históricamente masacrada por la dictadura. Junto con el ejército, el gobierno de su partido asesinó a decenas de miles de personas en una limpieza étnica marcada por violaciones, asesinatos y genocidio. En todos estos años, Aung San Suu Kyi nunca ha condenado a los militares ni ha reconocido ninguna atrocidad. En 2017, miles de rohingya se vieron obligados a huir a Bangladesh, un país vecino, debido a la represión del ejército provocada por los actos de resistencia contra las comisarías de policía en el estado de Rakhine.

Suu Kyi llegó al absurdo de representar a Minmar ante la Corte Internacional de Justicia, instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde negó las acusaciones de depuración étnica y defendió las acciones de los militares. Suu Kyi tomó la primera línea del discurso nacionalista, xenófobo y genocida, desmoralizándose a nivel mundial, pero ganando popularidad entre los sectores más reaccionarios del país, además de acercarse a los militares.

Pero nada de eso funcionó. Ahora su gobierno ha sido derrocado y está nuevamente detenida, sin el apoyo internacional que tenía antes de mancharse las manos de sangre. Aung San Suu Kyi pidió a la población que no acepte el golpe de Estado militar, pero ya es una sombra del liderazgo popular que fue.

¡Suu Kyi y NDL son culpables de genocidio!

Myanmar tiene unos 50 millones de habitantes, en su mayoría budistas. El pueblo rohingya es en su mayoría musulmán y es considerado apátrida (sin nacionalidad). Vive prácticamente sin derechos sociales o civiles. En Minamar, se les considera bengalíes (de Bangladesh) y en Bangladesh, se les considera birmanos (de Myanmar). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aprobó una resolución de la ONU en 2014 que exige que Myanmar permita el acceso a la ciudadanía y los derechos civiles mínimos para esta minoría, que tiene prohibido votar, casarse, viajar sin el permiso de las autoridades e incluso poseer cualquier terreno o propiedad.

El pueblo rohingya representa alrededor del 5% de los habitantes de Mianmar, y afirman ser indígenas del estado de Rakhine, antes conocido como Arakan, en el oeste del país, un pueblo aparte de los bengalíes y birmanos. Pero desde 1948, cuando Myanmar se independizó, han sido víctimas de tortura, abandono y represión.

Los rohingyas viven prácticamente confinados en el estado de Rakhine, bajo políticas de discriminación racial similares al apartheid en Sudáfrica. Una ley de la década de 1980 dice que solo los grupos étnicos que puedan demostrar su presencia en el territorio antes de 1823 pueden obtener la nacionalidad. Desde 2011, tras la disolución de la junta militar, estas personas han venido a reclamar sus derechos, y un movimiento liderado por monjes budistas nacionalistas ha instigado la persecución contra los musulmanes, alegando que la minoría representa una amenaza para Myanmar.

Considerados extranjeros en Myanmar, los rohingya son víctimas de múltiples discriminaciones: trabajo forzoso, extorsión, restricciones a la libertad de movimiento, reglas de matrimonio injustas y confiscación de tierras. En los últimos años, miles de rohingya han huido de Myanmar a Malasia, Indonesia y Bangladesh.

En 2012, dos oleadas de violencia promovidas por terroristas budistas, una en junio y otra en octubre, destruyeron cientos de casas y edificios musulmanes, mataron a muchas personas y dejaron a 100.000 sin hogar. En 2017, se implementó una gran masacre.

Hay un genocidio explícito, y Aung San Suu Kyi es tan genocida como los militares que la arrestaron, pero que han gobernado con ella y su partido en los últimos años.

1948: Antigua colonia británica, Myanmar se convierte en un país independiente.

1962: El general Ne Win establece un régimen militar

1974: Entrar en vigor la primera constitución posterior a la independencia

1988: La violenta represión de las protestas contra el régimen militar genera críticas internacionales 1990: La Liga Nacional para la Democracia (LND), oposición al régimen, gana la primera elección multipartidista en 30 años y se le impide asumir el poder.

1991: Aung San Suu Kyi de la NLD gana el Premio Nobel de la Paz

1997: EE.UU. y la UE imponen sanciones contra Myanmar por violaciones de derechos humanos

2008: Asamblea aprueba nueva Constitución 2011: Thein Sein, general retirado, es elegido presidente y se disuelve el régimen militar.

2015: La NLD obtiene la mayoría en ambas Cámaras del Parlamento

2016: Htin Kyaw es elegido como el primer presidente civil desde el golpe de 1962 y Suu Kye asume el cargo de Consejera de Estado, equivalente al de Primera Ministra.

2018: Kyaw renuncía y Win Myint asume la presidencia

2020: en elección parlamentaria, la NLD recibe el 83% de los votos y derrota al partido promilitar

2021: el ejército alega fraude en las elecciones, arrestando a líderes de la LND y tomando el poder con un nuevo golpe

¡Se necesita una revolución de los trabajadores en Myanmar!

Los diez años de democracia burguesa han mantenido a Myanmar como uno de los países más pobres del mundo, sin derechos sociales, prácticamente sin libertades civiles y a la cabeza de un genocidio étnico. El nuevo golpe militar debe ser repudiado inmediatamente y enérgicamente por la clase obrera. El ejército quiere aplastar la pequeña cantidad de concesiones que los sectores populares han logrado extraer en los últimos años. Pero no sirve de nada luchar solamente contra el gobierno militar.

Aung San Suu Kyi y la NLD han demostrado que también son enemigos de los trabajadores: han gobernado junto con los golpistas en los últimos años y son cobardes que no luchan contra ellos después del golpe. Los trabajadores de Myanmar, budistas y musulmanes, birmanos y rohingya, deben unirse como clase explotada contra la dictadura y rechazar la oposición burguesa de la NLD.

Es necesario derrocar la constitución dictatorial que nunca se ha modificado. Es urgente disolver las Fuerzas Armadas, detener y procesar los crímenes de los miembros de la vieja dictadura, y de la nueva dictadura que acaba de surgir.

Los militares afirman que hubo fraude en las elecciones de noviembre, en las que la NLD anunció que tenía más del 80% de los votos. Mientras tanto, el Partido Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP), respaldado por los militares, fracasó por completo. La comisión electoral (UEC) realmente no logró explicar una serie de denuncias. Pero las elecciones de Myanmar no fueron más fraudulentas que prácticamente todas las elecciones burguesas en decenas de otros países del mundo. El golpe no se produjo por eso, sino para tratar de aplastar los reclamos de los trabajadores, profundizando los ataques que ya estaban haciendo Suu Kyi y la NLD.

Por todas estas razones, los trabajadores deben construir su propia alternativa, independiente de la burguesía, luchar por el fin de la herencia colonial, destruir las Fuerzas Armadas burguesas, acabar con la Constitución vigente y construir nuevas organizaciones de poder popular. El pueblo debe luchar para derrocar a todo el sistema, ocupar fábricas y construir una huelga general y una resistencia basada en las autodefensas y las asambleas vecinales, de los lugares de trabajo y de los pueblos oprimidos.

El golpe no muestra que los militares sean fuertes, sino que están debilitados y amenazados por luchas populares. Y la democracia burguesa en crisis fue derrocada porque no logró detener la lucha de clases. Ahora, hay que movilizarse aún más y presentar un programa revolucionario, socialista e igualitario que represente al 99% de los explotados contra todos los políticos burgueses y militares.

Movimiento Revolucionário Socialista y Hugo Cedeño

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