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Necesitamos nuevas direcciones sindicales, políticas y sociales

Por Hugo Cedeño

La pandemia golpea a los asalariados y asalariadas con saña.  Es el sector menos protegido por los distintos gobiernos del mundo.

Afecta no solamente a quienes están integrados(as) a las diversas áreas de la economía.  También a los(as) que viven del día a día, los(as) que fueron enviados(as) a sus hogares, “hasta nuevo aviso” y a inmigrantes que vienen al país a vender su fuerza de trabajo.

Como dice la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en su último estudio sobre la situación mundial de los trabajadores y trabajadoras (sindical(at)fesur.org.uy); “les afectan la falta de protección en el trabajo, las preocupaciones de salud, la falta parcial o total del derecho a recibir asistencia pública, los salarios bajos, los alojamientos insuficientes, la falta de atención infantil o el miedo debido a su estado de inmigrantes”.

El 80% de los(as) que viven de vender su fuerza de trabajo en el mundo se ven amenazados junto a sus familiares.

Más de 300 millones que trabajan a tiempo completo se quedaron sin empleo estable o vieron reducir el horario de trabajo y por lo tanto sus ingresos.

Las mujeres trabajadoras constituyen el sector más golpeado, según el estudio citado; “…debido a la carga del trabajo de cuidados que recae en gran parte sobre ellas, por la pérdida de sus empleos, y porque están especialmente expuestas a la enfermedad. En el sector de la alimentación y la gastronomía más de la mitad de los puestos de trabajo está ocupado por mujeres, mientras su participación en los sectores de la salud y del trabajo social asciende a 70%”.

Aquí en nuestro país, las mujeres tienen fuerte presencia en zona franca, turismo, hotelería, salud, educación, servicios como comunicación, banca, comercios, pequeñas y medianas empresas.

La reacción de los gobiernos y la patronal frente a los efectos de la pandemia entre los sectores más vulnerables ha dependido de su nivel de organización sindical y social.

Donde es fuerte se mantienen vigilantes para que sus derechos no se vean afectados sensiblemente y que “los efectos de la crisis no los paguen los trabajadores y trabajadoras”.

Aquí en nuestro país, la tasa de desempleo se ha elevado enormemente y ni hablar de los sectores que se activan en la economía informal, que al decir de las estadísticas ronda por el 60% de la población económicamente activa.

Y el papel de las direcciones sindicales, políticas y sociales es penoso. Pocas veces se observa una actitud de lucha por los derechos de sus afiliados y afiliadas. La norma ha sido el silencio y/o negociaciones a sus espaldas.

Todo el mundo acepta que determinados grupos de trabajo, como los médicos y médicas, enfermería y de cuidado sanitario, vendedores, choferes públicos, los famosos deliberys, servicios de recolección de residuos, oficios domésticos, están más expuestos al virus y sin embargo reciben remuneraciones bajas y cuentan con poca seguridad ocupacional.

Tanto el gobierno como los empleadores(as) deben asignar a estos sectores laborales ingresos especiales y los recursos que puedan ayudar a reducir el peligro de enfermarse por el tipo de trabajo que realizan.

No es mucho pedir, las federaciones sindicales del continente vienen demandando el pago de un ingreso básico para los sectores más vulnerables y en naciones con fuerte presencia de inmigrantes se adoptó la medida de concederles residencia regular y dotarlos de los mismos derechos que al resto de los trabajadores(as).

Más arriba señalé que mantener o ampliar las conquistas laborales de los trabajadores(as) en medio de la pandemia tiene que ver con la capacidad de organización y lucha de los gremios y direcciones sociales.

El movimiento sindical y social en República Dominicana

En nuestro país el movimiento sindical y social no solamente es débil (apenas agrupa el 8% de los asalariados y asalariadas), también se coloca al servicio del gobierno y la patronal.

Más que defensores de sus afiliados parecen consejeros y asesores de la presidencia y los empresarios.

Les encanta sentarse en salones amplios, aire acondicionados, bufetes incluidos, a conversar sobre qué hacer para “salvar la nación” y nada para para sus afiliados, aunque a veces reclaman migajas, para que “no digan”.

Ningún directivo sindical y social se atreve a plantear medidas donde la patronal vea afectadas sus ganancias, sobre todo, las grandes empresas beneficiadas por la pandemia, como las prestadoras de servicio de salud privadas, ARS, AFP, supermercados, empresas de medicamentos, sector financiero, minería, zona franca entre otras tantas.

Tampoco demandan al gobierno aplicar medidas a fondo para controlar el incremento del costo de productos alimenticios, los fármacos, el copago de servicios médicos, comunicación, electricidad, agua potable, combustibles, entre otros. Ellos saben, porque no son brutos, que el salario real disminuye en proporción al alto costo de la vida.

Las mismas no se refieren al presupuesto nacional recién aprobado. Este a pesar de tener un déficit de más de 143 mil millones de pesos, consigna pagos para los intereses de la deuda pública, (que se traga el 30% del presupuesto), autorizando al poder ejecutivo a tomar más dinero prestado cuando lo crea necesario.

Supongamos que a esas direcciones poco interese meterse en esos asuntos.

Por lo menos debieran preocuparse por vigilar el uso y las prioridades de los recursos consignados en el presupuesto, impulsando la coordinación y discutir un plan de acción tendente a luchar para que dichas inversiones sean destinadas a favorecer a los más afectados y afectadas por el COVID 19 y la crisis económica, social y sanitaria que ha puesto en evidencia.

Esas direcciones saben muy bien que por el hecho de que al gobierno lo obligaron a retirar del presupuesto los abusivos impuestos al salario, las intenciones no varían. Eso está pendiente. Solo ha sido una posposición táctica.

Lo que de seguro no retomará es el impuesto de 8% a ganancias extraordinarias a empresas con grandes ganancias por el COVID19 y otros a los sectores financiero y de comunicación respectivamente.

Ya los empresarios tienen un acuerdo de pago adelantado en sus compromisos tributarios con el estado dominicano con tal y que no se les incremente la tasa impositiva.

Las presiones y acuerdos vendrán.

Pero el FMI, la banca y gobiernos que prestan dinero no aceptan retrasos y cuando el gobierno dé señales de problemas para honrar el pago vendrán sus asesores a conversar con el gobierno, funcionarios y congresistas, para elaborar un plan tendente a nuevas “reformas fiscales y tributarias” para que “los de abajo” paguen la crisis.

Para eso necesitarán el apoyo de las principales direcciones sindicales, sociales y políticas del país.

Ya que las mismas “a todo dicen que sí y a nada dicen que no” con mucho gusto van a bendecir el plan anti obrero y popular.

Construir nuevas direcciones obreras y sociales

El diagnóstico está claro. La crisis nacional y mundial seguirá su curso y el plan para recargar sus efectos sobre los empobrecidos.

La reacción del movimiento de masas, por encima de las direcciones que traicionan, no se hará esperar.

Eso sucede en Chile, Perú, Guatemala, Francia, España, Honduras, Costa Rica, Haití, Brasil, India, Estados Unidos, Australia, Alemania y otras partes del mundo.

Depositemos confianza en los trabajadores(as) y demás sectores empobrecidos y excluidos del país.

Porque a pesar de que importantes sectores del movimiento de masas acaban depositar su confianza electoral en el actual gobierno y ser manipulado por direcciones reformistas que capitulan, no es verdad que ese matrimonio durará para siempre.

Quienes nos colocamos al lado de “los de abajo” debemos trabajar incansablemente por construir nuevas direcciones obreras, sociales y políticas que no se vendan, que respeten las decisiones de sus respectivas bases y se hagan respetar por el gobierno, la patronal y los distintos pulpos imperialistas.

Nuevas direcciones con democracia obrera es lo que necesitamos y para eso es necesario denunciar y combatir a quienes adormecen al movimiento de masas para llevarlo a la cancha de nuestros enemigos de clases.

Basta de direcciones consejeras y asesoras de gobierno y patronos. Unir a todos los sectores afectados por la crisis en un gran movimiento nacional para que sus derechos sean respetados y que la crisis la paguen los beneficiados de siempre.

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