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Lavado de activos, más allá de lo tributario, financiero y penal

Por Raldy Santos
Economista

SANTO DOMINGO. Con la promulgación de la Ley 155-17 sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, importantes sectores de la economía formal dominicana han puesto especial atención a ésta nueva regulación bajo la cual se busca perseguir y sancionar a los actores que practican éstas actividades ilícitas.

Entre los objetos de la referida legislación, me gustaría resaltar la importancia de dos de ellos. El primero es establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables. Y el segundo, se refiere al régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, determinando los sujetos obligados y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.

Para sustentar mejor la importancia de los dos objetos anteriores, tomemos en cuenta la definición de una de las actividades ilícitas que dan origen a ésta ley, que es el lavado de activos, que no es más que el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de las actividades señaladas como delitos en la nueva ley.

Por otro lado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) señala que el Lavado de Activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.

¿Qué sentido tienen estas definiciones dentro de la nueva ley?

No basta con tener la definición de lo que es ilícito, también es tener la capacidad de identificar cuáles, en qué, cómo, de qué manera operan en este tipo de negocio. Por eso, con la Ley se busca establecer infracciones que anteriormente no eran contempladas como tales, pero que por su poca o nula rentabilidad a las autoridades de fiscalización del Estado, que dejan de percibir tributos, o las entidades de intermediación financiera que tienen niveles tan alto de riesgos, han dado señales de alerta para ser procesadas de manera penal y ser consideradas dentro de la Ley No.155-17, según el primer objeto más arriba descrito.

En relación al segundo objeto, ninguno de los esfuerzos por identificar las actividades de lavado de activo tienen sentido si no se determinan todos los sujetos obligados y no obligados, sus responsabilidades dentro del marco legal, y qué nivel de sanción les aplica si no cumplen con las mismas. Es decir que tienen que ser gestores para prevenir o dejar de promover el lavado de dinero.

Para que la Ley tenga mayor impacto en la economía y la sociedad, hay un factor que es fundamental: la capacitación permanente.

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