CNDH condena asesinato de agente Anderson Luna Guzmán en huelga de Salcedo
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SANTO DOMINGO. La dirección nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su presidente, el doctor Manuel María Mercedes y el vicepresidente regional, David Phipps, lamentaron profundamente, al tiempo que condenaron, el vil asesinato del agente policial Anderson Luna Guzmán, ocurrido durante la huelga ciudadana del pasado 14 de abril, en la ciudad de Salcedo.
Una declaración de la institución defensora de los derechos humanos indica que, según una investigación independiente realizada por dirigente locales, en el entorno policial y entre las organizaciones promotoras de la protesta ciudadana, el agente policial, un joven de 28 años de edad, fue asesinado de forma vil y cobarde en las proximidades de la casa del senador de esa ciudad, mientras se encontraba en el cumplimiento de su deber, por un grupo de provocadores desvinculados de todas las organizaciones convocantes.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del joven Anderson Luna Guzmán y le ponemos a disposición desde ahora nuestro equipo legal, a los fines que consideren necesarios, al tiempo que pedimos a las autoridades competentes que esclarezcan cuanto antes los acontecimientos que han provocado el lamentable hecho y que prontamente aseguren a la justicia los responsables, respetando los procedimientos vigentes del Código Procesal Penal”, expresan los dirigentes de la CNDH.
También hicieron un llamado a todas las organizaciones populares y políticas, convocantes de protestas o huelgas, que se mantengan activos y alerta con sus propios militantes y servicios de seguridad internos con respecto a la posibilidad de infiltraciones de provocadores o de elementos extraños a las mismas, a los fines de evitar que aprovechen la situación para deslegitimizar la protesta o provocar accidentes, con el objetivo de provocar reacciones de parte de las fuerzas de seguridad.
De igual manera, la CNDH hizo un llamado a las autoridades a actuar siempre utilizando la fuerza pública de manera eficiente, adecuada y oportuna, en el respeto de las garantías y derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
