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La FINJUS expresa alarma por el proyecto de Ley de Partidos aprobado en la Cámara de Diputados

Organización de la sociedad civil considera atenta contra principios constitucionales

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su alarma y alta preocupación por la aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de partidos políticos cuyo contenido refleja un claro retroceso en el proceso de fortalecimiento de la democracia.

La entidad establece que de nada valieron los llamados que desde diferentes sectores se hicieron al Congreso, y de manera particular a la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de la discusión del Proyecto de la Ley de Partidos, para que realizaran el máximo esfuerzo en el logro del consenso social y político para producir una Ley que garantice, entre otros, tres elementos fundamentales: la transparencia interna, el control de los recursos que reciben los partidos para su financiamiento, tanto de fuentes públicas como privadas y la creación de un clima que facilite la participación de las mujeres en los puestos directivos y candidaturas electorales de dichas agrupaciones.

Una declaración firmada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, establece que en septiembre del 2014 FINJUS expresó los peligros que para el orden democrático entrañaba la aprobación de un proyecto de ley de partidos presentado por una organización política mayoritaria, lo que provocó que importantes sectores de las iglesias dominicanas, organismos empresariales, académicos y medios de comunicación se unieran para demandar que dicho proyecto fuera retirado y la Comisión de Partidos de la Cámara de Diputados se abocara a consensuar un documento que superara las distorsiones y limitaciones que en ese momento se señalaron.

Agrega que dicho proyecto excluía aspectos fundamentales propuestos por la Junta Central Electoral, tales como la obligación de los partidos de informar de quiénes son sus donantes privados, rendir cuentas de la gestión de los fondos del pueblo que reciben vía la Ley de Financiamiento Público, garantizar elecciones internas basadas en el voto libre y secreto de sus miembros y respetar el debate democrático y el debido proceso de ley en sus controversias internas.

Lamentablemente la sociedad dominicana se despierta con el sabor amargo de que el mismo proyecto fue nuevamente presentado y fue aprobado en primera lectura en ese hemiciclo por mayoría simple, desconociendo el informe de la Comisión que dictaminó que la ley de Partidos es de carácter orgánico y que por tanto debe ser aprobado mediante la mayoría calificada, precisa.

“Todo lo anterior representa un desdén hacia las aspiraciones democráticas de la sociedad dominicana y una reiteración de lo advertido por expertos e instituciones sociales de que en el seno de algunas fuerzas políticas existe una disposición de ignorar el mandato constitucional que exige a los partidos que todos sus actos deben estar acordes con los principios constitucionales y que su funcionamiento debe estar apegado a la transparencia y el respeto de la democracia interna”, plantea la organización de la sociedad civil.

La FINJUS reiteró que la adopción de una ley moderna de partidos políticos es una prioridad para que el país fortalezca su régimen democrático contra los ataque del crimen organizado, la corrupción de todo tipo y las malas prácticas que dañan la calidad de la democracia y permiten perpetuar los modelos clientelistas, paternalistas y caudillistas de hacer política que han predominado en los últimos años. La ley de partidos es una herramienta que debe servir para estimular la participación amplia de la población en la vida política y de manera particular de las mujeres y la juventud.

“Si el proyecto de ley de partidos que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados se convirtiera en ley el país sufriría una grave derrota en el largo proceso de consolidar la democracia y hacer transparente su sistema político. Revertir esta situación es urgente y todos los sectores sociales y políticos están llamados a aportar su opinión al respecto”, concluye la FINJUS.

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