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Nadie confía en las medidas de Peña Nieto, en México la lucha sigue

Por Hugo Cedeño
Núcleo por la Construcción de un Partido Internacionalista (NUPORI)

SANTO DOMINGO. RD. El pasado jueves 27, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto anunció 10 medidas que, desde su punto de vista de clase, podrían resolver la criminalidad en la nación mexicana. La mayoría tienen un marcado acento militarista.

Hugo Cedeño.

Hugo Cedeño.

Por fuera de que las mismas irían a una red de entretenimiento burocrático antes de ser aprobadas, el problema es que Peña Nieto no toma en cuenta que el anterior mandatario, Felipe Calderón, fracasó, cuando hizo de la militarización de México el eje de su política de seguridad ciudadana.

El problema de México no es básicamente militar. Es sobre todo político. Tiene que ver con un régimen nacional podrido, estrechamente vinculado a la mafia del narcotráfico, la corrupción y al servicio de una cúpula burguesa-burocrática, que no goza de confianza entre la gran mayoría de la nación mexicana.

El 90 por ciento de los mexicanos no confían en la policía nacional ni en los militares y cuando tiene que lidiar con ellos prefiere esquivarlos.

De ahí que la mayoría de los mexicanos lleguen a la conclusión de que el aparato militar no tiene autoridad moral para combatir la criminalidad y menos los abusos de poder político.

Y para mala suerte del Presidente, el aparato militar constituye la piedra angular de su régimen político, porque su base social es cada vez más débil y las instituciones partidarias en que se apoya están envueltas en una de sus peores crisis. Nos referimos al PAN, PRD, MORENA, el PRI y otras organizaciones partidarias regionales.

Mientras el gobierno de Peña Nieto se debilita, los organismos de las bases estudiantiles, populares, indígenas y magisteriales se fortalecen y coordinan para defenderse de la represión político-militar y de los aparatos criminales del narcotráfico.

Estos nuevos organismos son el resultado de la desconfianza que tienen las masas de la región sur de México, en la Presidencia de la República y los representantes estatales en la zona. Sean éstos gobernadores, alcaldes o síndicos.

También porque están cansadas de que sus hijas, hijos, padres y madres, sean perseguidas, encarceladas, secuestradas, asesinadas y enterradas en fosas comunes por los narcos y representantes políticos que hacen causa común en la criminalidad.

Las medidas de control militar que ahora pretende aplicar el presidente Peña Nieto tienen como finalidad desarticular este tipo de organización popular y evitar que se extiendan y se constituyan en paradigma de poder popular.

¡AYOTZINAPA VIVE!

En Iguala, las masas “ni olvidan ni perdonan”. Exigen al gobierno que asuma su responsabilidad y explique lo sucedido con el mayor detalle, incluyendo los responsables directos y políticos del crimen.

Quieren juicio y castigo, aunque no confían en el aparato jurídico estatal, prefieren un tribunal independiente, en el que estén representados.

El gobierno no satisface esa demanda. Peor aún, proyecta un plan de militarización nacional como si ese fuera el camino para acabar con el problema.

Dicen que el pueblo mexicano lo rechaza. Porque son retóricas que se las llevará el viento.
Peña Nieto quiere echar al olvido lo que sucedió en Iguala hace dos meses para poder gobernar sin problemas. Es la misma política de este tipo de gobierno. La de “borrón y cuenta nueva”.

Por eso ha retomado sus promesas de realizar grandes inversiones en Guerrero, Oaxaca y Chiapas para tranquilizar la conflictiva región.

Informa que dará un trato fiscal especial para los que inviertan en la zona, no importa si es capital nativo, foráneo o mixto.
Pero no es cuestión de desarrollo económico y nada más. Tiene que ver con instituciones políticas y militares que se colocan al lado de la criminalidad y el abuso de poder.

Con todo y promesas el gobierno tiene problemas:

Las masas organizadas no están por cambiar su demanda de justicia por promesas económicas. Saben que por esa vía los crímenes quedarán en la impunidad y van a continuar los abusos en su contra.

Los sectores populares no aceptarán desarticular sus organismos de base y menos entregar las armas con las que se defienden. Mucho menos dejará de movilizarse y buscar la solidaridad nacional e internacional.

Por eso para el próximo 6 de diciembre (domingo) está organizada otra marcha desde Iguala al Distrito Federal. Tan contundente como las anteriores. Con el mismo espíritu, la firmeza y confianza que transmiten las masas cuando se movilizan.

Van a continuar demandado justicia caiga quien caiga. Van a exigir que liberen a los miles de presos y presas, entre estos a Nestora Salgado, y el doctor Mireles.

Como el presidente Peña Nieto no está por satisfacer estas y otras demandas, el pueblo mexicano está exigiendo que abandone el poder por no tener capacidad de proteger los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que dice representar.

Y no para que algunos vengan a decir que “que el cambio sea por la vía constitucional”, o mediante “reformas institucionales vía Constituyente”, sino, eso creemos, para que las masas mexicanas movilizadas tomen en su manos su destino y multipliquen las formas de control político que hasta ahora son embrionarias en algunas localidades del sur de México.

Hay que acabar con los problemas para que no crezcan como la verdolaga. Porque yerba mala no se chapea, se saca desde las raíces.

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