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Voto disidente del magistrado Hermógenes de los Santos en relación con la Sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional

Magistrado Hermógenes AcostaVOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS, en relación con la Sentencia TC/0256/14 del 4 de noviembre de 2014, correspondiente al expediente núm. TC-01-2005-0013, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil cinco (2005) contra el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las razones por las cuales no estamos de acuerdo con el mismo. Este voto disidente lo ejercemos amparándonos en el artículo 186 de la Constitución, texto según el cual “(…) Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada” y en el artículo 30 de la Ley No. 137-11.

1. En los párrafos que siguen explicaremos las razones en las cuales se fundamenta el presente voto disidente, no sin antes indicar las circunstancias en las cuales ejercemos este derecho.

2. En un pleno celebrado en la mañana del día 4 de noviembre de 2014 se aprobó publicar esta sentencia sin dos de los tres votos disidentes, a pesar de que a la fecha no he recibido la comunicación de rigor acompañada de la sentencia. Dicha decisión fue aprobada con 9 votos a favor y 4 en contra. Como ha de advertirse no estuve de acuerdo con dicha decisión.

3. Respecto de la posibilidad de publicar las sentencias sin los votos disidentes, en el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional aprobado por el pleno se establece lo siguiente: Los jueces disponen de un plazo de diez (10) días hábiles contado a partir de la comunicación de la sentencia para formular su voto particular. Transcurrido dicho plazo, y previa autorización del presidente, el secretario procederá a publicar la sentencia sin la incorporación de los votos particulares, dejando constancia de los magistrados que no estuvieron de acuerdo con la motivación o con el dispositivo de la decisión. El magistrado que haya votado salvado o disidente y no haya emitido su voto dentro del indicado plazo de diez (10) días, dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para hacerlo, contado a partir de la publicación de la sentencia. El voto particular se publicará posteriormente por separado en el portal institucional, y conjuntamente con la sentencia en el Boletín del Tribunal. En todo caso, los magistrados tendrán siempre la potestad de renunciar al voto particular mediante comunicación escrita a la secretaría.

4. En relación a dicho texto cabe destacar que el vencimiento del referido plazo se constituye en un requisito para que la sentencia pueda ser publicada sin los votos de los magistrados disidentes. En el presente caso, no se cumple dicho requisito, en razón de que el plazo no ha iniciado por no haberse comunicado la sentencia en la forma prevista.

5. Tuve conocimiento de la sentencia en horas de la tarde del día 4 de noviembre de 2014, vía la página oficial del Tribunal Constitucional, donde se hizo la publicación en la indicada fecha. De manera que hasta la fecha (9:40 p.m. del 4 de noviembre de 2014) solo he visto la versión digital de la decisión de marras, a pesar de que estuve en mi despacho hasta las 10:30 p.m. de la indicada fecha.

6. El pleno de este tribunal estableció desde sus inicios que el juez o los jueces interesados en emitir un voto disidente tienen un plazo de 5 días para redactarlo y entregarlo a la secretaria, regla que es la que continua aplicándose, no obstante lo previsto en el indicado reglamento.

7. En la hipótesis de que se considerare que el plazo para producir el voto disidente inició el día de la aprobación del proyecto, jueves 30 de octubre de 2014, a la fecha dicho plazo no ha vencido, ya que se trata de días hábiles y, en tal sentido, el último día hábil con que contaba era el 5 de noviembre.

8. Nos parece importante destacar, a propósito de la hipótesis indicada en el párrafo anterior, que el proyecto de sentencia que nos ocupa fue aprobado con modificaciones, de las cuales tuve conocimiento en horas de la tarde del día de hoy (4 de noviembre de 2014) cuando entré a la página oficial del Tribunal Constitucional.

9. Publicar una sentencia sin los votos disidentes constituye una sanción de carácter moral para los titulares de dicho voto que solo se justifica cuando se incurre en la falta de no enviar a la secretaría los mismos dentro del plazo previsto, lo cual no ha ocurrido en la especie. De manera que considero que he sido sancionado de manera injusta e injustificada.

10. Lo más grave es que publicar una sentencia sin los votos disidentes en las circunstancias indicadas en el párrafo anterior es contrario a los artículos 186 de la Constitución y al 30 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011; textos que son categóricos al indicar que los votos deben consignarse en la sentencia. En efecto, según el referido artículo 186 de la Constitución “El Tribunal Constitucional estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de nueve o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer
sus motivaciones en la decisión adoptada45”; y según el 30 de la indicada Ley 137-11 “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.

11. Luego de explicadas las precarias y particulares circunstancias en que se ejerce esta disidencia, entramos a exponer las razones que justifican la posición asumida en este expediente, las cuales dividiremos en dos partes:
A) regularidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana; y B) la aceptación fática de la referida competencia.
A) Regularidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

12. La acción en inconstitucionalidad a que se refiere el expediente tiene como objeto declarar contrario a la Constitución el instrumento mediante el cual el Estado dominicano aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

13. En fecha 19 de febrero de 1999, el presidente de la República manifestó su voluntad de aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicho instrumento de aceptación se expresa lo siguiente:

POR CUANTO: El Gobierno de la República Dominicana ratificó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 de Noviembre de 1969, en fecha 19 de Abril de 1978.
POR CUANTO: El artículo 33 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del 22 de Noviembre de 1969, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

POR CUANTO: El artículo 62 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del 22 de Noviembre de 1969, establece que todo Estado Parte puede, en momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

POR CUANTO: El Gobierno de la República Dominicana por medio del presente Instrumento, declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del 22 de Noviembre de 1969.

14. En fecha 25 de marzo de 1999 y en cumplimiento de la disposición indicada en el párrafo anterior, el doctor Flavio Darío Espinal depositó, en su calidad de Representante Permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, el referido documento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

15. Según el criterio mayoritario de este Tribunal, el referido instrumento de aceptación debió someterse a la aprobación del Congreso Nacional y al no cumplirse con dicho requisito se violó el artículo 37, numeral 14 de la Constitución de 2002, según el indicado texto una de las atribuciones del Congreso es “aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo”.

16. También es criterio de la mayoría de este tribunal que no era suficiente para la validez del instrumento de aceptación cumplir con las previsiones de los artículos 62.1 y 62.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

17. Contrario al criterio mayoritario, consideramos que en la especie no era necesaria la aprobación congresual, en razón de que según el artículo 62.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la aceptación de la competencia puede hacerse sin necesidad de una convención especial. En efecto, en el mencionado texto se establece lo siguiente: “Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención”.

18. La regularidad del procedimiento de aprobación de un instrumento internacional debe determinarse al amparo de la legislación vigente en el país que da su consentimiento y resulta que el mencionado artículo 62.1 de la Convención forma parte del derecho interno dominicano desde el 25 de diciembre de 1977, fecha en que fue ratificada la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del Estado dominicano.

19. De manera que como el referido artículo 62.1 es el texto que contempla de manera expresa la forma de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana bastaba con darle cumplimiento al mismo, como efectivamente se hizo. El cumplimiento del indicado texto es reconocido en la propia sentencia, cuando se afirma que: “(…) no basta, en consecuencia, cumplir únicamente con lo establecido en los artículos 62.1 y 62.3 de la CADH” (Véase parte infine del párrafo 9.19, página 49)

20. Ciertamente, desde el momento que el Congreso Nacional ratificó la Convención en el año de 1977 aceptó la formula prevista en el mencionado artículo 62.1 de la misma, por lo cual no era necesario que el instrumento de aceptación que nos ocupa recibiera la ratificación de dicho poder del estado.
B) Aceptación fática de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

21. Además de que el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana se hizo de manera regular, comportamiento asumido por los poderes del Estado, incluyendo al propio Poder Legislativo, no dejan dudas de la aceptación de dicha competencia; tal y como se demostrará en los párrafos que siguen.

22. En lo que respecta al Poder Legislativo, el mismo reconoció la competencia de la Corte Interamericana al aprobar la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, ya que en el considerando decimotercero se establece lo siguiente: “Que dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

23. Este reconocimiento por parte del Poder Legislativo resulta incuestionable, en la medida en que establecer la necesidad de la regulación de la ejecución de la sentencia de dicha Corte equivale a aceptar la jurisdicción de esta.

24. Lo anterior supone que en la hipótesis de que fuera valida la tesis que se desarrolla en la sentencia, en el sentido de que el instrumento de aceptación debió ser aprobado por el Congreso, tal formalidad fue cumplida en los hechos según lo expuesto en los párrafos anteriores, es decir, que hubo una ratificación por parte de dicho poder.

25. En lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia, mediante la Resolución 1920 del 13 de noviembre de 2003, esta alta corte estableció que el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana fue hecho de manera regular y, en consecuencia, las sentencias dictadas por esta son vinculantes.

En efecto, en dicha resolución se afirma lo siguiente:

Atendido, que mediante instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 19 de febrero del 1999, el Estado dominicano acepta y declara que reconoce como obligatorio de pleno derecho y sin convención especial, conforme al artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha Convención.

Atendido, que, en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección, conforme el artículo 33 de ésta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes.

26. Por otra parte, en todos los casos en que la República Dominicana ha sido demandada el Estado dominicano ha enviado representantes, los cuales nunca invocaron la excepción de incompetencia, salvo en aquellas denuncias hechas con anterioridad al año 1999, fecha de la aceptación de la competencia. Además de lo anterior, el Estado dominicano ha ejecutado sentencias dictadas por la Corte Interamericana.

27. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de las niñas Jean y Bosico versus República Dominicana, el cual fue decidido el 8 de septiembre de 2005. Lo mismo ocurrió en el caso González Medina y familiares versus República Dominicana.

28. Otra manifestación de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, no menos importante, es el hecho de que el Estado dominicano postuló al cargo de jueza de dicho organismo a la doctora Rhadys Iris Abreu Blondet, quien fungió como juez durante el periodo 2006-2012.

29. Todas estas manifestaciones de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana se produjeron sin que en ningún caso el Poder Legislativo ni ningún otro poder del estado cuestionara dicho comportamiento.

30. Finalmente, queremos destacar que en la práctica jurídica anglosajona se ha desarrollado la denominada doctrina estoppel conforme a la cual se desconoce la facultad de afirmar o negar la verdad de ciertos hechos o la existencia de ciertos derechos a quien anteriormente hubiere adoptado una conducta jurídica contraria a sus manifestaciones o actos respecto de tales hechos o derechos.

30. Esta doctrina es perfectamente aplicable en la especie, en razón de que al declarar contrario a la Constitución el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana se pretende ejercer una facultad que contradice el comportamiento asumido por el Estado dominicano durante 15 años.

SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL MAGISTADO DISIDENTE

El Tribunal Constitucional debió rechazar la acción en inconstitucionalidad y considerar regular y válido el instrumento de aceptación de la competencia de República Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 25 de marzo de 1999 en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Hermógenes Acosta de los Santos
Juez

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