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Voto disidente de la magistrada Ana Isabel Bonilla en relación a la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional

descargaVOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA ANA ISABEL BONILLA HERNÁNDEZ

En ejercicio de la facultad prevista en los Artículos 186 de la Constitución dominicana y 30 de la Ley núm. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, y con el debido respeto al criterio mayoritario expresado en la presente sentencia, relativa al Expediente núm. TC-012005-0013, basándonos en nuestra posición adoptada en la deliberación de la misma, procedemos a emitir un voto disidente.

I. ANTECEDENTES

1.1. Esta decisión trata de la acción directa de inconstitucionalidad incoada en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil cinco (2005) contra el Instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrito por el presidente de la República el diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).

1.2. En fecha siete (7) de septiembre de mil novecientos setenta y siete (1977), la Republica Dominicana firmó la Convención Americana de Derechos Humanos en la Secretaria General de la OEA.

1.3. En fecha veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos setenta y siete (1977), el Congreso Nacional emitió la Resolución núm. 739, mediante la cual se ratificó la referida Convención. (Gaceta Oficial núm. 9460, página 17).

1.4. En fecha diecinueve (19) de abril de mil novecientos setenta y ocho (1978), fue depositado en la Secretaria General de la OEA el Instrumento de Ratificación de la Convención.

1.5. En fecha veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), el presidente de la República aceptó, en nombre del Estado, la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

1.6. En fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil catorce (2014), el Pleno del Tribunal Constitucional conoce y falla esta acción de inconstitucionalidad, tras haber sido apoderado del presente caso en el año dos mil doce (2012), en razón de los expedientes que se encontraban pendientes de fallo por la Suprema Corte de Justicia y recibidos por este Tribunal.

II. FUNDAMENTOS DEL VOTO DISIDENTE

Con la más alta consideración y respeto a la posición mayoritaria expresada en esta sentencia, nos permitimos exponer las siguientes consideraciones:

2.1. Los criterios más relevantes en la fundamentación de esta decisión con la cual disentimos se pueden resumir en los siguientes razonamientos:

2.2. La opinión mayoritaria de los de los miembros del Pleno entiende que:

La aceptación de la competencia de la Corte IDH, para ser vinculante respecto al Estado dominicano, debió haber cumplido, pues, los requerimientos del artículo 37 numeral 14 de la Constitución de 2002, es decir: “aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo”. Sobre todo, en razón de que dicha aceptación transfiere competencias jurisdiccionales que podrían lesionar la soberanía nacional, el principio de la separación de los poderes, y el de no intervención en los asuntos internos del país, normas invariables de la política internacional dominicana. No bastaba, en consecuencia, cumplir únicamente con lo establecido en los artículos 62.1 y 62.3 de la CADH.

2.3. La Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional que ha sido ratificado por el Congreso Nacional, mediante Resolución núm. 739, de fecha veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos setenta y siete (1977) y publicada en la Gaceta Oficial núm. 9461, del dieciocho (18) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978).

2.4. El Artículo 62 de la referida Convención establece que:

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial”.

2.5. El Artículo 93, literal l) de la Constitución dominicana de 2010, antiguo Artículo 37.14 de la Constitución de 1994, relativo a las atribuciones del Congreso Nacional, dispone sobre la aprobación o desaprobación de los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo.

l) Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo.

2.6. En el presente caso, luego del análisis combinado de los textos antes citados, podemos concluir que la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH es una disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos que ya había sido firmada y ratificada por el Estado dominicano, con lo cual se daba cumplimiento a lo establecido en la Constitución, por lo que el Gobierno del Presidente Leonel Fernández Reyna, cuando el veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) emitió el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte IDH, lo hizo en cumplimiento de los compromisos derivados de la ratificación de la Convención en el marco de sus atribuciones constitucionales como máximo representante del Estado dominicano, por lo que entendemos que el procedimiento realizado por el Presidente de la República en aquel momento, no se puede considerar como una violación a la Constitución.

2.7. En conclusión, la Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado que ha sido ratificado por el Estado dominicano, y la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH no es un tratado o convención especial que ameritara de una ratificación congresual distinta a la dada al tratado internacional que la contiene (Convención IDH), razón por la cual entendemos que el Tribunal Constitucional, contrario a lo decidido por el criterio mayoritario debió rechazar la presente acción directa de inconstitucionalidad, y declarar conforme con la Constitución el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos

Ana Isabel Bonilla Hernández
Jueza

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