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Quieren destruir a la República Dominicana: R.D. y la CIDH

Juan Manuel Rosario

SANTO DOMINGO. La República Dominicana sometió al Congreso la competencia de la Corte de Justicia Internacional y la cláusula facultativa anexa al Protocolo de Estatuto, y que a través de la resolución número 584 de fecha 13 de diciembre de 1926 fue aprobada; de igual manera, el Congreso dominicano aprobó la Corte Penal Internacional, mediante la resolución 117-05 del 3 de marzo del año 2005. ¿Y por qué la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la enviaron al Congreso?

Juan Manuel Rosario.

Juan Manuel Rosario.

¿Había algún objetivo en especial de no enviar a discusión congresional la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La situación, y debate, que se ha presentado en la República Dominicana en los últimos tiempos en torno a la política migratoria y los vínculos internacionales: Ley de migración 285-04 y su reglamento, Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales, Ley 169-14 y su reglamento y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puesto en evidencia el grado elevado de debilidad institucional que vive el país.

Sobre todo se ha mostrado hasta la saciedad la actitud decidida de sectores que gravitan en la vida pública nacional, en contubernio con algunos en el plano internacional, de destruir, si fuere necesario, la vida institucional dominicana para imponer sus visiones e intereses a todos los dominicanos y dominicanas.

Grupos de personas ejercieron una extraordinaria presión para que la República Dominicana irrespetara la decisión del Tribunal Constitucional expresada en la sentencia 168-13; intentaron chantajear a todo el mundo con el argumento de que los problemas internacionales hay que “tratarlos con cuidado”; han hecho denodados esfuerzos por convertir en cultura el comportamiento social y política basado en el miedo frente a las relaciones internacionales; han ondeando la bandera de que el país siempre es culpable, nunca tiene la razón en el marco de los vínculos internacionales.

Esos grupos han logrado influir hasta en la política oficial del Estado dominicano; Republica Dominicano es el único país, quizás, que tiene miembros en el cuerpo diplomático que actúan contrario al interés del Estado que representan, y el gobierno los tolera con un silencio cómplice; es como si el Estado dominicano tuviera la desgracia histórica de tener gobiernos comprometidos con su desmantelamiento gradual.

A veces da la desagradable impresión de que sectores políticos y sociales dominicanos quedaron traumatizados con la experiencia del golpe de Estado del 1963 y la contienda militar del 1965; al grado tal que han hecho del miedo a defender su país una cultura de fuerte raigambre sicológica.

Esos sectores se han empecinado en propagar el chantaje como arma de negociación en el escenario de las discusiones desarrolladas alrededor de las relaciones internacionales y los aspectos migratorios de la República Dominicana.

Cada día está más claro que los alegatos esgrimidos por esos sectores en relación a los aspectos migratorios y de las relaciones internacionales no obedecen a un alto sentimiento de solidaridad humana frente al inmigrante, sino a sentimientos orientados de manera calculada a debilitar de manera sensible la institucionalidad de la República Dominicana, para de esa manera abrir la senda que conduzca inexorablemente a la destrucción del Estado dominicano.

Recientemente han salido argumentos a favor de la supuesta constitucionalidad, o validez del estatus vinculante de la decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto el país; se quiere justificar que el instrumento de aceptación de la CIDH, suscrito por el presidente de la República Dominicana en el año 1999, no viola los cánones constitucionales del Estado dominicano.

Se han aludido argumentos, de todo tipo; que a veces rayan en el aparente desconocimiento del derecho internacional y constitucional; pero sobre todo da la impresión que de manera deliberada, sectores aglutinados en torno a ese proyecto, flexionan sin ningún escrúpulo el sentido del derecho y de las prerrogativas que tiene el Estado dominicano como sujeto soberano del derecho internacional y de la soberanía sustentada en sus normas internas.

Dentro de esos argumentos llama a la atención el protagonismo del tremendismo jurídico, orientado a torcer el contenido y el espíritu de los Tratados internacionales y del derecho interno, para justificar posiciones contrarias a la institucionalidad y los intereses de la República Dominicana.

Han intentado sustentar en los preceptos de la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados del 23 de mayo del 1969 los argumentos de que el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 1999, suscrito por el presidente dominicano del momento, tiene, supuestamente, validez internacional y constitucional.

Además de que hacen una interpretación impropia jurídicamente de esa Convención, parece ser que desconocen lo que establece el artículo 4 sobre su irretroactividad; a ningún tratado, obligación internacional, celebrado antes de la entrada en vigor de la Convención con relación al Estado que se obligue con ella se le aplicará los preceptos establecidos en sus articulados.

¿Que tiene esto que ver el tema de la irretroactividad con el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte del presidente de la República Dominicana en 1999?

El instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte del presidente de la República Dominicana, ocurrió en el 1999; mientras que la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados del 23 de mayo del 1969 fue ratificada por la República Dominicana en diciembre del 2009, mediante resolución 375-09 del congreso dominicano.

¿Se le puede aplicar al instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizado por el presidente dominicano de entonces, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? No. Esa convenció fue ratificada por República Dominicana 10 años después de la existencia del referido instrumento de aceptación de competencia; la Convención no es retroactiva.

En el 1999 la Convención vigente en República Dominicana para ser aplicada a los tratados internacionales era la Convención sobre Tratados del 20 de febrero del 1928, ratificada por el congreso dominicano a través de la resolución 262 del 23 de Enero del 1932.Esa convención sí le es aplicable al instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su artículo 5 el tratado ratificado en el 1932 por República Dominicana establece:”Los Tratados no son obligatorios sino después de ratificados por los Estados contratantes, aunque esta cláusula no conste en los plenos poderes de los negociadores ni figure en el mismo Tratado.”

El artículo 1 de esa convención es muy precisa sobre la obligación de tener en cuenta el derecho interno para la Celebración de tratados, al establecer: “Los Tratados serán celebrados por los Poderes competentes de los Estados o por sus representantes, según su derecho interno respectivo.”

Aunque esa convención, la de febrero del 1928, se refiere a los Tratados internacionales, para el caso americano, es preciso establecer que puede ser aplicable a cualquiera de los actos o hechos que generen obligación internacional para los Estados en el ámbito americano.

A pesar de que la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados del 23 de mayo del 1969 no puede ser soporte jurídico para abordar la calidad del Instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la República Dominicana, es muy oportuno intentar hacer algunas aclaraciones entorno a la interpretación que hacen personas ligadas a la academia, al cuerpo diplomático dominicano, ONGs, comunicadores y políticos sobre el contenido jurídico de ese instrumento internacional; debido a la magnitud del daño que esas interpretaciones o manipulaciones le ocasionan al país.

Las aclaraciones son importantes porque quienes han tenido el monopolio de tratar los asuntos internacionales en la Republica Dominicana, le han hecho más daño al país que el ocasionado por el ciclón de San Zenón, David, y que cualquier otro fenómeno natural que haya azotado a la tierra dominicana. Esos sectores han metido al país en una encerrona muy peligrosa; han manipulado y engañado a los dominicanos, se han burlado de la nobleza de los dominicanos.

Se ha querido alegar que supuestamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969 le permite a un diplomático comprometer al Estado dominicano en el plano internacional; basando sus argumentaciones en lo que establece el artículo 7 de ese instrumento internacional, cuyo texto dice: “Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o…”. (Véase el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969); con una sutil manipulación de ese artículo se quiere justificar la barbaridad jurídica de obligar al Estado dominicano en el plano internacional sin que esa obligación haya sido refrendada por el Congreso de la República.

El derecho no se puede ni se debe leer como si se estuviera haciendo un ejercicio de lectura política, literaria, sociológica, antropológica…; sino que, aunque la ciencia jurídica se auxilia de las diferentes ramas del saber, es necesario apegarse al espíritu jurídico del texto en estudio.

En primer lugar para referirse al artículo 7 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados es necesario y saludable definir lo que la misma entiende por plenos poderes; según el literal “c” del artículo 1 del referido instrumento internacional “Se entiende porplenos poderesun documento que emana de la autoridad competente de un estado por el que se designa a una o varias personas para representar al estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado.”

Aquí es muy importante establecer que la definición que da la Convención de Viene sobre Derecho de los Tratados cuando se refiere a “plenos poderes” lo hace en alusión a un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y con el que se designa una o varias personas para representar ese Estado; ¿Cuál es la autoridad competente en la República Dominicana para otorgar plenos poderes a una o varias personas para que represente al Estado en el plano internacional para la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado?

Es obvio que en la República Dominicana en algunos círculos “académicos” y en personas involucradas en la generación de opinión en torno a los problemas internacionales existe un manifiesta o velada actitud de poner al país en una posición incómoda frente a los asuntos relacionados con la dinámica de las relaciones y el Derecho Internacional; confunden conceptos fundamentales y elementales de las normas internacionales, poniendo en un serio peligro la defensa de los intereses nacionales en el marco de la comunidad internacional.

Una de las consecuencias más notables del manejo inapropiado, en término doctrinario y técnico, de las interpretaciones de las normas internacionales es que de una manera u otra esos sectores viene influyendo en la formación de jóvenes que estudian en los centros de educación superior de la República; jóvenes que luego salen repitiendo lo que escuchan de sus “maestros”, o de los “líderes de opinión pública”, quienes con sus comentarios inciden en la reproducción de conceptos alejados del ámbito técnico-científico en materia de asuntos internacionales.

La confusión es tan notoria que algunos que se han especializado en las áreas de las relaciones y el Derecho Internacional, así como en el área diplomática, no importantizan, desde la perspectiva de la metodología, las etapas presentes en el proceso de celebración de los tratados para interpretar el sentido jurídico de la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados del 23 de mayo del 1969. Metodológicamente no es posible hacer una correcta lectura de los articulados y del espíritu de esa Convención sin abordar cada una de las fases que caracteriza el proceso de la elaboración de un tratado.

Es saludable puntualizar que la celebración de un Tratado Internacional tiene varias etapas antes de que su texto obligue al Estado que lo asuma como tal. La primera etapa es la negociación, después la adopción del texto, continuado por la autenticación de ese texto; tanto la adopción del texto como la autenticación se les conoce como la celebración del tratado.

A ese nivel todavía no se conoce el consentimiento del Estado para obligarse a nivel internacional; en esa etapa aún no hay obligación internacional del Estado, a menos que exista la intención del Estado de obligarse mediante la firma de su representante; en ese caso “la intención del Estado de dar ese efecto la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación”;porque se está en la fase de negociación, y solo después de la celebración viene la etapa de la manifestación del consentimiento.

Por esa razón cuando se habla de plenos poderes no se puede confundir los plenos poderes para ir a negociar un tratado, o los plenos poderes para la adopción y autenticación del texto de un tratado, con los plenos poderes otorgados para que el representante comunique el consentimiento del Estado en obligarse con el Tratado; porque la adopción y autenticación del texto no es más que el acuerdo entre los negociadores con relación a la redacción de las cláusulas del Tratado, donde todavía no se ha manifestado el consentimiento del Estado en obligarse en el plano internacional; a menos que el representante tenga potestad conforme al derecho interno de su país para obligar con su firma al Estado que representa en esa etapa del proceso.

La rúbrica del texto de un Tratado equivale a la firma del Tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido; y la “firma ad referéndum” no implica obligación automática del Estado, salvo que el Estado negociador confirme como definitiva esa firma ad referéndum de su representante; con la misma se agota el proceso de autenticación del texto, pendiente de ser ratificada por las autoridades competente del Estado del representante; o sea que los plenos poderes tienen que establecer el alcance de la gestión internacional de la persona o las personas designadas por el Estado para tales fine.

¿Puede el Presidente dominicano otorgar plenos poderes a un diplomático para que manifieste el consentimiento de la Republica Dominicana a obligarse internacionalmente? Imposible; solo si ya el tratado ha sido ratificado por el congreso el diplomática podría ser avalado por los plenos poderes para depositar antes los órganos correspondientes la resolución del legislativo, donde se establece que el Estado dominicano asume las estipulaciones del instrumento aprobado.

El artículo 7 de la Convención de Viena se refiere a los plenos poderes para la adopción o autenticación del texto de un tratado; también, y de igual manera, fija la existencia de plenos poderes para manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por un tratado. Se pueden tener plenos poderes para la adopción y autenticación del texto sin que ello implique tener plenos poderes para manifestar el consentimiento del Estado.

Sobre todo hay que recalcar que los plenos poderes para manifestar el consentimiento de un estado tiene como eje central el verbo “manifestar”, o sea la persona con plenos poderes solo va con la encomienda, de parte del Estado que representa, de manifestar a los demás Estados la decisión de su Estado a obligarse con el tratado, cuyo texto ya ha sido adoptado y autenticado.

La mala lectura del artículo 7 de la Convención de Viena ha llevado a que algunas personas hayan entendido que una persona designada a ejercer funciones en el plano internacional se reviste de los poderes suficientes para comprometer en el plano internacional a un Estado; obvian que cuando la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados se refiere en el articulo 11 a las distintas formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado, establece varios medios para tales fines, como son: la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o cualquier otra forma que se hubiera convenido; lo que quiere decir esto último es que, dependiendo de la particularidad de cada Estado en función de su derecho interno, cualquiera de esas formas es aceptadas en el plano internacional.

¿Por qué el artículo 11 de la referida Convención estableció esa variedad de métodos, formas, para la manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado?

Por la sencilla razón de que cada derecho interno tiene su manera de hacerlo; así se puso de manifiesto en la Conferencia de Viena donde se debatió el aspecto particular relacionada con la manifestación de consentimiento de los Estados para obligarse internacionalmente; “Durante el primer periodo de la conferencia, el representante de Uruguay (Álvarez) sostuvo la tesis de que la norma supletoria debía ser la ratificación a fin de salvaguardar los distintos sistemas internos. El representante del Reino Unido (Sir Francis Vallat) expresaba, en cambio que la práctica de su país era la de considerar la firma como suficiente manifestación del consentimiento cuando el tratado no disponía otra cosa.” (Véase Gutiérrez Posse, Moncayo Vinuesa, Derecho Internacional Público 1990)

Es muy claro que la redacción del artículo 11 realizada sobre las diferentes formas de manifestar el consentimiento se hizo para tomar en cuenta los diversos sistemas de derecho interno para un Estados obligarse frente a otro sujeto del derecho internacional.

El error en la lectura de las normas internacionales es tan grave que algunos piensan que la convención de Viena sustituye las normas internas vinculadas con la manifestación de consentimientos de un Estado en obligarse en un tratado. Es como si quisieran establecer que la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados del 23 de mayo del 1969 sustituye a las normas constitucionales de los Estados en lo referente a la forma de obligarse internacionalmente. Eso es un absurdo jurídico.

Para justificar su postura recitan, sin analizarlo, el numeral 2 del artículo 7 de la Convención de Viena, el cual establece que “En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes se considera que representa su estado:

a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;

b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;

c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano.”

Basado en ese artículo han interpretado como que los jefes de Estado, de gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores pueden obligar, sin presentar plenos poderes, a un Estado a nivel internacional; así como lo jefes de misión diplomática; sin embargo ese artículo se refiere a la capacidad que tienen los jefes de Estado, de gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores para “celebrar tratados”, y la celebración es sólo una etapa en el proceso de elaboración de un tratado, el que luego es sometida al consentimiento de los Estados, los que actuaran conforme a su derecho interno, que es el que dirá cual de las diferentes forma de manifestar el consentimiento es la que el Estado empleará para obligarse internacionalmente.

Lo mismo sucede con los jefes de las misiones diplomáticas y el artículo 7 de la citada Convención, el cual se refiere a la capacidad de estos para la “adopción del texto” de un tratado; como los representantes ante las conferencias internacionales que también se consideran representantes del Estado para la adopción del texto. La “adopción del textopor el jefe de la misión diplomática no obliga al Estado al cual representa, a menos que el derecho interno del Estado no considere otra cosa con relación a la forma de comprometerse a nivel internacional, o que los propios Estados en negociación así lo hayan consignado para el tratado en negociación.

¿Cuál es la forma de obligarse con un Tratado Internacional en la República Dominicana? La ratificación, tal como manda la Constitución de la República Dominicana. La aprobación en el Congreso de las obligaciones internacionales es un mandato constitucional en la República Dominicana; para luego proceder a la ratificación internacional.

Solo después del Estado manifestar el consentimiento en obligarse, y entrada en vigor del tratado, entra escena el principio “Pacta Sunt Servanda”, el cual se establece en el artículo 26 de la Convención de Viena que es extremadamente claro que solo luego de entrar en vigor el Tratado las partes deben cumplirlo de buena fe.

Y después que ha sido aprobado por el procedimiento interno de los estados, solo después de eso, se podría alegar el llamado principio “Ultra Vires”del artículo 46 de la Convención de Viena, en el sentido de que si el consentimiento ha sido manifestado por una persono no competente, en violación de una disposición del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratado, no se podrá alegar esa incompetencia como vicio de consentimiento en obligarse con un tratado; sin embargo esa disposición sólo es válida si la incompetencia ,o violación, en la manifestación de consentimiento no afecta una norma de importancia fundamental del derecho interno.

La parte final de ese artículo dice, refiriéndose a que no se puede recurrir al derecho interno para alegar vicio de consentimiento de un tratado: “a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

¿Cuales son las normas de importancia fundamental de un Estado? ¿No es la Constitución una norma de importancia fundamental para un Estado? No hay dudas de que la Constitución es la norma fundamental de la existencia de un Estado.

¿El mandato de la Constitución dominicana sobre la obligación de que los compromisos internacionales sean ratificados por el Congreso, entra dentro de las normas de importancia fundamental?

Es indiscutible que la disposición constitucional de la República Dominicana concerniente a todo lo que tiene que ver con la asunción de compromisos internacionales, forma parte de normas fundamentales que son inviolables; eso quiere decir que todo acto internacional que obligue al Estado dominicano que no cuente con el consentimiento del Congreso dominicano choca con la norma fundamental de la República Dominicana que es la Constitución.

Además de eso, cuando se alude al artículo 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, hay que tener presente que para éste poder ser aplicable tiene el Estado que haber asumido el compromiso a obligarse con un tratado, y para ello primero tiene que agotar todo el proceso de elaboración de un Tratado internacional, lo que implica que primero tiene que haber existido el consentimiento del Estado para obligarse y la entrada en vigor del tratado.

Jamás se podría usar el artículo 46 para justificar la existencia de un acuerdo que no haya contado con el consentimiento de ese Estado.

Es una ligereza jurídica inconcebible querer establecer que el Estado dominicano debe asumir un compromiso internacional que no contó con la aprobación del Congreso de la República, auxiliándose en el artículo 46 de la Convención de Viena del año 1969.

Algunos de los que han querido justificar el instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recurrido a supuestos argumentos doctrinarios que nada tiene que ver con el caso en estudio. Se han referido incluso al principio “venire contra factum proprio, non valet”, a veces confundido con la figura del estoppel,para buscar la forma de demostrar que el Estado dominicano no tiene manera de devolverse con relación a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Desde el punto de vista del derecho constitucional dominicano, el Estado dominicano aceptó la competencia de la Corte? No. Entonces ¿se podría alegar que si el Estado dominicano declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte, estaría actuando contra su propio acto?

De forma razonada es entendible que si el Estado dominicano no ha aceptado la competencia de la Corte no se podría alegar que cualquier acción contra ese instrumento entra en contradicción con el principio “venire contra factum proprio, non valet”; si se razonare de esa manera se estaría estimulando un criterio absurdo jurídicamente.

Los que usan la figura del estoppel para alegar que la República Dominicana no pueden declarar inconstitucional la competencia de la Corte, argumentando que ya el principio establecido en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el año 1962 es aplicable al instrumento de aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos elaborado y depositado en la OEA en el 1969, cometen un gravísimo error; olvidan la naturaleza jurídica del conflicto que le dio origen a la figura del stoppel,

El conflicto entre Camboya y Tailandia por el control del templo de Preah Vihear surge en el 1904 a raíz del tratado entre Indochina, gobernado por Francia en la época y el reino de Siam, actual Tailandia, mediante ese tratado se estableció que la frontera entre ambos sería delimitada por una comisión mixta formada por miembros de ambos países.

Ese tratado fue el resultado de la voluntad de las partes, estaba sustentado en el consentimiento de ambas partes, no había vicios de consentimiento; no se hizo contrario a las normas internas de las Partes. La Comisión Mixta, creada por mandato del tratado, estableció que el templo de Preah Vihear se encontraba dentro de la zona de la actual Camboya.

Lo más importante de todo es que Tailandia aceptó en ese momento la delimitación que hizo la Comisión Mixta encargada de establecer la división fronteriza, y no dijo nada en contra; y luego esa frontera fue ratificada mediante el tratado del 23 de marzo de 1907; o sea, predominó la voluntad de las Partes; entonces, es lógico que después Tailandia no podía alegar que desconocía lo pactado, porque de hacerlo estaba actuando contra su propio acto..

Pero no solo Tailandia aceptó la delimitación fronteriza en el 1904 y 1907 mediante convenios internacionales, sino que también lo hizo con los tratados con Indochina 1925, 1937 y 1947.

Como es lógico, cuando Camboya pidió al Tribunal Internacional de Justicia el 6 de octubre de 1959 ventilar el conflicto, el Tribunal debía tomar en cuenta todos esos hechos, lo que la llevó el 15 de junio de 1962 a decidir que el templo Preah Vihear pertenecía a Camboya, por la sencilla razón de que Tailandia no podía alegar desconocer una situación fronteriza que había aceptado de manera reiterativa a través del consentimiento manifestado del Estado; y así nace el estoppel como jurisprudencia internacional.

La figura estoppel en el Derecho Internacional es hija de una situación jurídica donde ha actuado la voluntad de las Partes, que luego no puede ser desconocida por una de ellas en detrimento de la otra.

¿Es el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hija del consentimiento del Estado dominicano, conforme a lo establecido en las normas internas de la República Dominicana? No.

Tratar de justificar que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la República Dominicana no es inconstitucional, es mantener una postura reiterativa orientada a seguir carcomiendo la institucionalidad del país para gradualmente ir destruyendo los cimientos de la existencia del Estado dominicano.

juanmanuelrosario87@yahoo.com

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