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Denuncian continúan violaciones a derechos fundamentales de dominican@s desnacionalizad@s

Dominican@s por Derecho: JCE trata a beneficiarios de ley 169-14 como ciudadanos de segunda

Afectados Sentencia 168-13SANTO DOMINGO. La Plataforma Dominican@s por Derecho consideró como negativas las señales enviadas desde las distintas instancias estatales involucradas en la aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en República Dominicana inscritas en el registro civil y sobre naturalización, lo que aseguran compromete el éxito del proceso e irrespeta el elevado nivel de consenso alcanzado.

“El gobierno dominicano promueve la solución definitiva a la problemática del acceso a los documentos de identidad, sin embargo, en la práctica esta población sigue afectada por instancias que acatan la sentencia desnacionalizadora, actúan con negligencia y absoluta discrecionalidad”, dijo Rosa Iris Diendom, quien habló en representación del grupo, durante un encuentro en el Restaurant Vizcaya.

Para el colectivo de organizaciones que trabajan en el acompañamiento de dominican@s afectad@s por la sentencia 168-13, a pesar de la ley continúan las violaciones a los derechos fundamentales y las trabas administrativas que “impone al primer grupo de beneficiarios la Junta Central Electoral, instancia que sigue negando documentos o dilatando su entrega, bajo el alegato de agotar trámites, sin establecer procedimientos claros”.

En el comunicado entregado a la prensa, la Plataforma definió la auditoría del Registro Civil y transcripción de actas de nacimiento como un acto de segregación, caracterizado por la “burocracia, lentitud y desinformación” lo que evidencia que para la JCE los beneficiarios de la ley 169-14 son ciudadanos de segunda categoría.

La técnica legal Jenny Morón, otra de las voceras del encuentro, instó a la Junta Central Electoral a emitir una circular o protocolo de atención al usuario amparado en la ley 169-14, que permita a las oficialías brindar una correcta atención a los beneficiarios que gestionan sus documentos y demandan información.

“El gobierno dominicano debe ser garante de la correcta aplicación de la ley y el reglamento, enfrentando las diversas formas de exclusión, incertidumbre jurídica y el peligro de la apatridia que amenaza la vida de la población afectada. Desconocer el mandato de la nueva norma legal o reinterpretarla para lesionar aún más la vida de dominicanos que llevan años luchando por la restitución plena de sus derechos, coloca al país en un vergonzoso camino, confiere un aval estatal al trato discriminatorio hacia poblaciones vulnerables”, concluye el colectivo.

Dominicanos por Derecho es una plataforma de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13.

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