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Exhortan a ciudadanía y organizaciones articularse para impulsar transformación de los sistemas de salud y seguridad social

Participantes en el Análisis de Coyuntura.

Participantes en el Análisis de Coyuntura.

SANTO DOMINGO. El sistema de salud y seguridad social de República Dominicana mantiene a una gran parte de la población excluida y no permite el ejercicio pleno del derecho ciudadano contemplado en la Constitución en estas áreas tan sensibles para la calidad de la vida.

A trece años de la promulgación de la ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y de la Ley General de Salud (42-01), más del 43% de la población dominicana no cuenta con un seguro médico y menos del 50% de los afiliados al Sistema de Pensiones tendría garantizado el acceso a una pensión.

De igual manera, los servicios ofrecidos por los centros de salud privatizados (las ARS y las AFP) no satisfacen las necesidades de la población, que se ve en la necesidad de
pagar diferencias en atenciones de salud. Este pago suplementario ya alcanza el monto de los 700 millones de pesos mensuales.

Las referidas leyes fueron el resultado de muchos años de debates y reflejan el consenso sobre la necesidad de transformar los sistemas de salud y seguridad social que existían en República Dominicana. Están formuladas para garantizar a toda la población el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales.

Sin embargo, tenemos muchos años tratando de hacerlas realidad, pero ha sido imposible derribar resistencias oligopólicas del sector privado, que impiden la ejecución de disposiciones equitativas contenidas en dichas leyes, tales como la creación de centros de atención primaria, considerados como la puerta de entrada al sistema de salud.

La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) reveló en 2013 los niveles de insatisfacción del actual plan de servicios. El mismo no responde a las demandas de los usuarios al excluir medicamentos importantes de uso frecuente, así como materiales y procedimientos quirúrgicos. Necesariamente, el recorte abusivo de la cobertura implica el deterioro de la calidad de vida de los usuarios, los cuales se ven forzados a abandonar los tratamientos y a sufrir el agravamiento de las complicaciones de las enfermedades que padecen.

El Gobierno no ha jugado de forma efectiva su rol como rector del sistema de salud y garante de los derechos de la población en la materia. No ha logrado poner en marcha los mecanismos dispuestos por las leyes para asegurar que toda la población se vea amparada por el sistema de seguridad social. Concretamente, es lamentable que disposiciones como la creación del Régimen Contributivo Subsidiado, los centros de atención primaria o el aumento de la cobertura de medicamentos no haya podido materializarse.

El panorama se torna menos halagüeño ya que la República Dominicana se encuentra entre los países de la región con menor inversión pública en el sector salud, situándose siempre por debajo del 2% del PIB.

Esta baja inversión repercute negativamente en indicadores como la mortalidad infantil (29,6 por cada mil nacidos vivos), lo que la coloca muy por encima del promedio de la región (21,8). También la mortalidad materna es muy alta. Hablamos de 159 por cada 100 mil nacidos vivos, frente al promedio de 130 de la región latinoamericana, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas.

En ese sentido, en el marco de acostumbrado análisis de coyuntura, el Bonó explicó la impostergable necesidad de que el Gobierno asuma su rol en materia de salud, llevando a cabo las transformaciones necesarias para la superación de las limitaciones señaladas. De manera particular, se debe elevar sustancialmente el presupuesto público asignado a la salud y seguridad social para superar los indicadores negativos que nos ubican como uno de los países con peor sistema de salud de la región.

El Centro Bonó entiende que la ciudadanía y las organizaciones deben articularse para aunar esfuerzos que ayuden a impulsar una transformación profunda y equitativa de los sistemas de salud y seguridad social. Se debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de la población a vivir saludablemente y contar con servicios de seguridad social oportunos y de calidad que dejen de responder a intereses económicos de particulares y de grupos privados.

El Bonó hizo sus declaraciones sobre la seguridad social en su análisis de coyuntura del primer sábado de cada mes. El análisis correspondiente al mes de agosto de 2014 tuvo como título: “Salud y Seguridad Social: negocio o derecho ciudadano”. Participaron como panelistas el economista Chanel Rosa, especialista en Seguridad Social y Salud, Maribel Batista, asesora del movimiento sindical, y Nicomedes Castro, presidente del Instituto Nacional de Salud (INSALUD).

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