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Ley Nacional de Semillas… ¡así no!

Por Articulación Nacional Campesina

SANTO DOMINGO. Las semillas con toda su diversidad genética son la base sobre la que descansa toda la producción de alimentos para nutrir a la población y constituyen el corazón de la seguridad y la soberanía alimentaria

Recientemente el Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el mismo día, un proyecto de Ley Nacional de Semillas sometido por el Senador Amílcar Romero quién a su vez es vicepresidente de Ferquido, por lo que no hay la más mínima duda respecto a que con su actuación lo que se está haciendo es defender única y exclusivamente sus intereses económicos particulares sin importarle en absoluto los intereses y Derechos del área campesina.

El proyecto fue enviado unos días después a la cámara de diputados donde la Articulación Nacional Campesina solicito que se estudiara en comisión y se llevara a vistas públicas para que todas las partes afectadas por dicha ley pudieran exponer sus alegatos a favor y en contra. Al momento presente se logro gracias a las presiones de los distintos grupos y organizaciones que la ley no fuese aprobada al vapor y la misma será enviada a vistas publicas en la próxima legislatura que inicia a fines de Agosto, es en este momento procedimental en el que nos encontramos, por lo que disponemos de una pequeña tregua para seguir realizando acciones en contra de ese proyecto.

Mientras tanto, la Articulación Nacional Campesina asesorada por ejecutivos y técnicos, varios Ingenieros agrónomos pertenecientes a distintas instituciones del estado, organizaciones civiles tales como el IDEAC, Asamblea Nacional Ambiental, CONIAF, ADIA, AMPA.. y universidades como la UASD, así como OXFAM y Veterinarios sin fronteras, más un equipo de abogados y varios profesionales de otras áreas se han estado reuniendo cada semana para elaborar y estudiar desde todos los ámbitos una contrapropuesta a dicha ley.

El primer alegato de los proponentes de la ley ha sido la necesidad de una ley de semillas debido a su “inexistencia” lo cual es completamente falso ya que existe la ley de semillas 231 promulgada por J. Balaguer en el 1971 y el Reglamento que la desarrolla, Nº 271 de 1.978.

Curiosamente (entendemos que de forma interesada), en la segunda de las Disposiciones Finales del anteproyecto se dice que se deroga expresamente: 1.- “La Ley Nº 231, del 22 de noviembre de 1971, que establece un sistema de producción, procesamiento y comercio de semillas”. A lo que nos preguntamos por qué no se dice expresamente Ley de Semillas, que es así como se llama.

Se está trabajando para completar, ampliar y actualizar todas aquellas lagunas jurídicas que existen en la Ley de Semillas vigente con el objeto de adaptarla a nuestros tiempos ya que se ha considerado una muy buena ley pero que no se está aplicando y además debemos adaptarla a los cambios sufridos, en el transcurso de todos estos años, en el área rural.

Lo segundo es que el nuevo proyecto de ley viola un gran número de artículos de la constitución, por lo que consideramos su inconstitucionalidad en toda su extensión, de algunas leyes y de acuerdos internacionales compromisarios, la mayoría de los cuales refieren a los derechos fundamentales de alimentación y salud de las poblaciones así como a los recursos naturales y al medio ambiente.

Hemos de destacar que con el proyecto de ley se pretende la introducción de los OGM (organismos genéticamente modificados) también llamados transgénicos, y no podemos olvidar que es el Estado el que debe velar por la protección de la salud de todas las personas y el hecho de aprobar la propuesta de la Ley de Semillas con la inclusión de los transgénicos no garantiza la salud de los dominicanos y dominicanas.

No podemos obviar el hecho trascendental de que los estudios de los productos transgénicos, que son productos manipulados genéticamente no concluyen en la inexistencia a medio y largo plazo de problemas graves de salud para el consumidor y el medio ambiente, ello conlleva una desprotección total a toda la población.

El hecho cierto es que lo que si existen son numerosos estudios científicos que han acreditado a través de sus investigaciones efectos muy nocivos (alérgicos y tóxicos) en la salud de las personas así como en los animales y el impacto medioambiental.

Lo tercero y más perjudicial de la misma es la propuesta de dicha ley que se enfoca en la privatización de las semillas, intentando regular para controlar lo que se produce, y cómo se produce lo que nos comemos. Este hecho incide directamente sobre nuestra economía doméstica, nuestra salud, nuestro equilibrio ambiental y sobre la competitividad del país en términos agrícolas y toda su cadena de valor asociada. Por esta razón debemos preocuparnos todos y todas como actores sociales.

Tal como está elaborada, esta propuesta de ley resulta altamente perniciosa a los intereses de la nación, y sobre los pequeños agricultores, a quienes precisamente la presente gestión de gobierno apoya con denodados esfuerzos.

El proyecto de ley plantea el decomiso y la destrucción de recursos fitogenéticos para evitar la mezcla de variedades y proteger así, en principio, la pureza de las semillas certificadas. Esta medida conllevará una reducción de la agrodiversidad y, eventualmente, una mayor vulnerabilidad ante los ataques de plagas y enfermedades. En adición, se potenciará, aún más, la contaminación ambiental ya que el paquete tecnológico de muchas de las semillas certificadas exige un mayor uso de agroquímicos.

Contempla además la enajenación de nuestros recursos genéticos al ceder derechos, vía el otorgamiento de licencias y contratos, que permitan a terceros reproducir y comercializar semillas nacionales de variedades mejoradas obtenidas por instituciones públicas.

Por otro lado, desconoce derechos consuetudinarios y criminaliza prácticas provenientes de saberes ancestrales de la población relativos a la producción, la conservación y el cuidado de semillas.

Supedita a los productores a un riguroso control por parte de inspectores para verificar el uso de semillas comerciales y certificadas. Esto puede degenerar en una estructura de extorsión, ya que la mayoría de los productores no llevan registros administrativos ni contables de sus actividades.

Establece un sistema de control de la producción y la comercialización de semillas que estimulará la creación y consolidación de un oligopolio de empresas, cuyo fin no es la producción de alimentos sino la maximización del rendimiento financiero en beneficio propio.

Para acceder a préstamos bancarios, se hace obligatorio el uso de semillas certificadas aún cuando se trate del sector oficial (BAGRÍCOLA, FEDA, BNV). El sobreprecio de la semilla certificada encarecerá los costos de producción, lo que elevará el precio de los alimentos producidos.

Trastorna el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) al no contemplar el rol del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) como ente cohesionador, articulador y de mayor jerarquía del Sistema.
Puede incluso afectar el programa nacional de reforestación ya que ni el Plan Quisqueya Verde, ni los demás viveros forestales utilizan semillas certificadas para la producción de plántulas.

El eventual incremento de la productividad derivado del uso obligado de semillas certificadas, tendrá un costo social y político demasiado alto, el menoscabo de la agricultura familiar campesina.

A la luz de lo expuesto, proponemos la revisión y actualización de la ley vigente de semillas 231/71 al igual que su reglamento de aplicación, y rechazar de plano el proyecto de ley presentado por las razones antes expuestas.

Las asociaciones campesinas de todo el país deben prepararse para una gran marcha frente al Congreso o el Palacio Nacional a la que se pondrá fecha próximamente, en contra de la aprobación del proyecto presentado por el senador Amílcar Romero y en defensa de la propuesta que se está estructurando.

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